martes, 25 de febrero de 2014
lunes, 24 de febrero de 2014
Europarques recurre en la Audiencia el archivo de la denuncia contra Castro
David Salvador sostiene que el Juzgado ha evitado valorar las pruebas «más contundentes» contra el delegado de la Junta
25.02.2014 | 00:46 La Opinión de Zamora
A. SAAVEDRA Europarques Hispanolusos ha recurrido ante la Audiencia la desestimación de la denuncia que la empresa puso contra responsables de la Junta por la adjudicación de la explotación del barco en aguas del Lago de Sanabria. La empresa diferencia este auto de sobreseimiento con la posible contaminación del Lago, como lo relacionó el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván. Para Europarques es «un acto de confusión insólita a la opinión pública», pues ni la querella ni el auto mencionan dicha problemática de contaminación.
Según David Salvador, director de Europarques, el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora «evita valorar y ni siquiera menciona las pruebas más contundentes presentadas por Europarques Hispanolusos en su querella contra el delegado de la Junta, Alberto Castro, y tres subordinados».
La parte actora aporta el pliego de licitación oficial de septiembre de 2007 del Ayuntamiento de Galende de «Prestación del servicio de paseos por el Lago de Sanabria en buque no contaminante», donde aparece el nombre del concursante. La anulación de esta primera convocatoria se produjo al descubrirse en la apertura de plicas, según mantiene en su denuncia, «el amaño en presencia del único concursante presentado, la empresa Seacleaner Trawler S. A.».
En el pliego se especifica con todo detalle las características de un barco solar, y al final se recoge textualmente que «este barco está siendo construido en la actualidad por Seacleaner Trawler S.A. en Campos (Baleares), bajo el expediente de la Dirección General de la Marina Mercante». Argumenta David Salvador que «por puro error de "copia-pega" en la elaboración de la memoria, apareció el nombre del ganador, antes de la celebración del concurso».
Mantiene que existen pruebas documentales de que «la Junta tuvo constancia del "amasamiento" del pliego antes de la apertura de plicas, por su publicación oficial y por comunicaciones al respecto entre la Delegación de la Junta y la Dirección General del Medio Natural, en octubre de 2007».
Europarques no se presentó a esta primera licitación, ya que las condiciones impuestas «eran a medida de la única empresa que las cumplía». La convocatoria de 2007 se anuló. La segunda salió a concurso en abril de 2008, con un pliego de condiciones aprobado en pleno del Ayuntamiento de Galende y publicado en mayo. Hasta entonces la Junta no hizo alegación alguna a los pliegos, ni tampoco de tipo medioambiental. Para la empresa denunciante «hay constancia documental» y en la declaración testifical del alcalde de Galende, Jesús Villasante, de que la Delegación de la Junta intervino para establecer las condiciones del pliego.
Europarques presentó su oferta en mayo de 2008. Con la licitación publicada y presentadas las propuestas, la Junta «modificó» el condicionado del concurso. Este hecho para el denunciante «vulnera la legalidad vigente conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y lesiona los intereses de los concursantes». Estas actuaciones no fueron, como dice el auto, «meros informes o sugerencias», sino que estableció «claras imposiciones» al Ayuntamiento como el eliminar la ampliación del número de embarcaderos, el punto de instalación de la venta de tickets, etc.
Las modificaciones establecidas por el Servicio Territorial «excedieron» los aspectos medioambientales, como el precio de los billetes, la obligatoriedad de prestar servicios gratuitos por el adjudicatario o la limitación de salidas del catamarán. El Servicio de Medio Ambiente reconoció al segundo juez instructor, que la Junta redactó en junio de 2008 un informe relativo al pliego sobre la actividad del catamarán. Sin embargo, el auto desestimatorio del cuarto y último juez considera que «no queda acreditado la falsedad por alteración del documento». El director del Parque Natural del Lago de Sanabria, Jesús Palacios, contra el que se presentó la querella, declaró en su testifical que «tuvieron conocimiento del pliego por el B.O.P.», en contra de la versión de Villasante y que «hizo alegaciones a posteriori», una vez cerrado el plazo legal.
Para Salvador, «consiguieron alterar la memoria del pliego, una vez que Europarques había presentado una oferta económica». La Junta «tenía conocimiento de que el proyecto de Europarques era técnica y económicamente superior en licitación». Los técnicos de la Diputación de Zamora, «evaluaron el aspecto técnico que acabó con la adjudicación a Europarques en condiciones sustancialmente diferentes».
Por otro lado, la empresa Europarques diferencia entre la querella y la denuncia por vertidos en aguas del Lago. Y hace referencia a las «quejas de vecinos y bañistas», las actuaciones de oficio del Procurador del Común que «exigían a las administraciones competentes medidas para erradicar los problemas de depuración». Salvador sostiene que «a tenor de una situación de difícil solución para la Junta era imprescindible que el operador del catamarán fuera de absoluta confianza y manejable».
Europarques afirma que la Junta manipuló el concurso público del catamarán del Lago de Sanabria
La empresa señala que el último de los cuatro jueces intervinientes en la instrucción evita valorar el amañamiento para Seacleaner Trawler ni la ilegalidad de cambio de pliego oficial.
Zamora3puntocero.com
Zamora, 24/02/2014.
Europarques manifiesta que el juzgado nº1 de Instrucción de Zamora evita valorar y no menciona las pruebas más contundentes presentadas por Europarques Hispanolusos SRL en su querella contra Alberto Castro y tres subordinados, pero específicamente elude entrar en las que prueban de forma inequívoca prevaricación, tráfico de influencias y cohecho en relación al proceso de adjudicación del servicio del catamarán del Lago de Sanabria.
Desde Europarques señalan que entre las pruebas omitidas por el Auto del 11 de febrero, se encuentra el Pliego Oficial de Condiciones del Concurso de Licitación “Prestación del servicio de paseos por el Lago de Sanabria en Buque no contaminante”, con el nombre del concursante en su anexo IV, licitado “oficialmente” por el Ayuntamiento de Galende en septiembre de 2007. La anulación de esta primera convocatoria se produjo al descubrirse en la apertura de plicas el amaño en presencia del único concursante presentado, Seacleaner Trawler S.A.
En el Anexo IV del Pliego de Prescripciones se especifican con todo detalle las características del barco solar. Al final de ese punto, se indica lo siguiente: “Este barco está siendo construido en la actualidad por Seacleaner Trawler S.A. en Campos (Baleares), bajo el expediente 206-260-10359 de la Dirección General de la Marina Mercante”. Por puro error de copia-pega por los técnicos correspondientes en la elaboración de la memoria, apareció el nombre del ganador, antes de la celebración del concurso.
En relación con lo anterior, desde Europarques señalan que existen pruebas documentales de que la Junta tuvo constancia del amañamiento del pliego antes de la apertura de plicas por su publicación en el B.O.P. (03/10/2007) y por comunicaciones que tratan el asunto entre la Delegación de la Junta en Zamora y la Dirección General del Medio Natural (15/10/2007). Sin embargo, no procedió en ningún momento a denunciar el concurso y fue en la apertura de plicas (24/10/2007) cuando se descubrió el amaño.
Desde Europarques destacan que ni siquiera llegaron a presentarse a esta licitación, puesto que las condiciones impuestas lo fueron a medida de la única empresa que consiguió cumplirlo y presentar su oferta, Seacleaner Trawler S.A.
La Junta manipuló las condiciones del concurso público de la convocatoria de 2008
Europarques manifiesta que la convocatoria manipulada del concurso público del servicio del catamarán en 2007 fue anulada y dio paso a una segunda convocatoria, cuyo pliego de condiciones fue aprobado en pleno del Ayuntamiento de Galende en abril de 2008 y publicado en el B.O.P. Nº 56 de 09/05/2008. Hasta entonces, ni en la convocatoria de 2007 ni en hasta ese momento en la de 2008, la Junta hizo alegación alguna a los Pliegos, tampoco de tipo medioambiental. Sí hay constancia por diversa documentación y por la declaración testifical del alcalde de Galende, Jesús Villasante, que la Delegación de la Junta en Zamora intervino para establecer el Pliego de Condiciones previamente a su aprobación y publicación.
Europarques presentó su oferta el 27 de mayo de 2008 y señalan que solo a partir de conocerse la participación de esta empresa, entre el 25 de junio y el 13 de agosto de 2008, meses después de la aprobación oficial y publicación de la licitación del concurso, la Delegación Territorial de la Junta en Zamora modificó el condicionado de un concurso ya con ofertas presentadas, en un ejercicio que vulnera la legalidad vigente conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y lesiona los intereses de los concursantes. Su intervención para cambiar las condiciones no fue, como dice el auto del juzgado nº1 de Instrucción de Zamora, como “meros informes o sugerencias”, sino que estableció claras imposiciones al Ayuntamiento de Galende (eliminar que el número de embarcaderos podría ser ampliado, el punto de instalación de la venta de tickets,…), en un tono que dictaminaba directrices en el concurso.
Europarques señala que siendo una modificación ilegal, además todas las modificaciones por el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Zamora excedieron los aspectos medioambientales, como el precio de los billetes, la obligatoriedad de prestar servicios gratuitos por el adjudicatario o la limitación de salidas del catamarán no contaminante.
El Servicio de Medio Ambiente de Zamora reconoció al segundo juez instructor que la Junta redactó el 18 de junio de 2008 un informe relativo al pliego sobre la actividad del catamarán. Sin embargo, el auto desestimatorio del cuarto y último juez considera que “no queda acreditado la falsedad por alteración del documento”. El querellado Jesús Palacios, director del Parque Natural del Lago de Sanabria, reconoció en su testifical al juez anterior que “tuvieron conocimiento del pliego por el B.O.P.” (en contra de la versión de Villasante) y que “él hizo alegaciones a posteriori”, meses después del plazo legal.
En definitiva, Europarques señala que consiguieron finalmente alterar y falsificar la memoria del pliego, una vez ya Europarques había presentado una oferta económica. Por tanto, la Junta tenía conocimiento que el proyecto de Europarques era técnica y económicamente superior en la licitación respecto al de Seacleaner Trawler. Finalmente, el concurso, evaluado por los técnicos de la Diputación de Zamora, acabó con la adjudicación a Europarques Hispanolusos SRL en condiciones sustancialmente diferentes a las licitadas inicialmente y, aún así, con amplia diferencia de puntos respecto a cualquier otra oferta concursante.
Dos querellas diferenciadas, aunque interconectadas
La convocatoria manipulada del concurso público del servicio del catamarán y la negligente gestión medioambiental del Lago de Sanabria son dos querellas diferenciadas presentadas por Europarques contra altos cargos de la administración autonómica, con claros elementos de interconexión que descansan en la deficiente red de depuración del parque natural. Eso no implica que la asimilación del sobreseimiento provisional del Juzgado de Zamora implique la inexistencia de un proceso contaminante del Lago, como afirmó el Consejero Antonio Silván, en un acto de confusión insólita a la opinión pública. Ni querella ni auto mencionan siquiera dicha problemática de contaminación.
Europarques recuerda que en 2006 la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, adjudicó un estudio exhaustivo sobre el estado de la red de depuración del Lago de Sanabria, estudio oculto por la administración regional hasta hace recientes semanas y con conclusiones demoledoras, ocultadas a la opinión pública. Ya entonces, la depuración del Lago se encontraba en abierta polémica tanto por el manifiesto descontento expresado por el Alcalde de Galende desde antes de la construcción de las depuradoras, y que en octubre de 2007 afirmó públicamente que “la red de depuración del parque natural se hizo a gusto del consejero y de los directores generales, pero en el Ayuntamiento siempre estuvimos en contra de ese sistema de depuración”, como por las quejas de vecinos y bañistas que aparecían de forma reiterada a lo largo de los años en distintos medios de comunicación, como por la polémica política en las comparecencias en Cortes de 2006. Asimismo, las actuaciones de oficio del Procurador del Común de la región exigían a las administraciones competentes medidas para erradicar los problemas de depuración del Lago de Sanabria, ante la descoordinación institucional en relación al incumplimiento reiterado de las obligaciones adquiridas en el convenio de mantenimiento de las depuradoras entre Junta, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Galende .
En consecuencia, y a tenor de una situación de difícil solución para la Junta (una muy deficiente red de depuración en la mayor joya ecológica de la región) era imprescindible que el operador del catamarán fuera de absoluta confianza y “manejable”. Esta actuación da medida de algunos políticos de la provincia de Zamora y del Gobierno regional.
Ante todo lo anterior, Europarques se reafirma en sus denuncias, ha recurrido en reforma ante el Juzgado de Instrucción de Zamora y en apelación por si no es reformado el auto y es la Audiencia Provincial la que deba finalmente pronunciarse, sin descartar cualesquiera otras instancias para el total esclarecimiento de los hechos delictivos.
lunes, 17 de febrero de 2014
240 ayuntamientos vuelven a delegar en la Diputación el cobro de impuestos
La institución provincial asume más competencias en el proceso recaudatorio y se encarga de la elaboración de los censos tributarios
18.02.2014 | 00:29 La Opinión de Zamora.
M. J. F. La Diputación seguirá encargándose de la recaudación tributaria en la mayor parte de los ayuntamientos zamoranos. 240 de los 248 municipios de la provincia han renovado la delegación del cobro de impuestos a favor de la institución provincial, que asume más competencias en el proceso recaudatorio de acuerdo a las últimas modificaciones introducidas en la normativa existente sobre la materia.
La cifra de Consistorios que han confiado este servicio al organismo provincial no ha registrado nuevas incorporaciones ni bajas respecto a ejercicios anteriores, por lo que siguen siendo sólo ocho los que han decidido afrontar estas gestiones por su cuenta. Entre los municipios que han optado por prescindir de los servicios de la Diputación se encuentran no sólo los núcleos de población más importantes de la provincia (Zamora, Benavente y Toro), sino otros de menor tamaño como Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa y Argujillo.
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado en días sucesivos el listado completo de los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores que han vuelto a renovar la delegación de la gestión tributaria y recaudación de los recursos a favor de la Diputación de Zamora.
«Se trata de una renovación de este servicio como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo reglamento que nos obliga acogernos a otro modelo», explica el diputado de Economía y Hacienda, Aurelio Tomás. De acuerdo con la nueva normativa, la institución provincial no se limitará sólo a la simple recaudación de tributos, sino que asume más competencias en el proceso recaudatorio.
Este cambio implica que la institución provincial tendrá que encargarse de la elaboración de los padrones de los contribuyentes de cada localidad, que antes eran realizados y enviados por los ayuntamientos. Asimismo, la Diputación Provincial efectuará la exposición al público de estos padrones municipales para recibir las posibles alegaciones.
Otras de sus obligaciones serán la emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo, así como la resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y la resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
La Diputación acaba el año con un superávit de 23 millones, que destinará a inversión
La ayuda al polígono de Villabrázaro, aprobada pese a los reparos de ilegalidad de los técnicos provinciales
15.02.2014 | 01:17
CARLOS GIL La Diputación Provincial ha acabado el pasado año con un superávit de 23 millones de euros, que podrá dedica a «inversión sostenible», un concepto que tiene que definir el Gobierno, pero se supone que se refiere a obras que no comporten cargas de cara al futuro. Por ejemplo las carreteras parece claro que se beneficiarán de este importante remanente, y habrá que ver si también las obras en los pueblos. Fue una de las novedades introducidas en el Pleno de la Diputación por su presidente, Fernando Martínez Maíllo, quien veía cómo los puntos sobre la situación económica de la institución pasaban sin debate por el mero hecho de que parecen ir en viento en popa. El Patronato de Turismo paga a los proveedores en 15 días, la Diputación en 24, los ingresos superaron en siete millones a los gastos y los 33 millones de deuda suponen un 60%, cuando el tope legal está en el 110%.
Tampoco el resto del Pleno tuvo grandes discrepancias de fondo entre los grupos, aunque sí formales. Los corporativos aprobaron por unanimidad el expediente de supresión de la Mancomunidad Lago de Sanabria integrada por los municipios de Requejo, Pedralba y Cobreros. El PP adscribió a varios diputados a la nueva Comisión Informativa Especial de Régimen Local, que son Fernando Martínez Maíllo, José María Barrios, Aurelio Tomás y José Luis Prieto, mientras el resto de los grupos no han designado representantes porque han declinado participar.
Se aprobó también un convenio con el Ayuntamiento de Vilabrázaro y la empresa pública ADE-Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León para la concesión de una subvención directa a la entidad local para ayudarle a mantener el polígono industrial «La Marina» en Villabrázaro-San Román del Valle. La Diputación dará 33.000 euros delpresupuesto 2014 y otra cantidad similar de 2015 para ayudar a mantener el polígono a la espera de que en dos años pueda tener la empresas que permitan generar ingresos al pequeño Ayuntamiento con los que mantener el espacio. Todos los grupos estaban de acuerdo en la necesidad de la ayuda, con el fin de poner por fin en marcha un polígono que lleva construido desde 2006, pero PSOE y Adeiza se negaron a votar la «chapuza» de expediente que llegó al Pleno con un informe en contra del secretario, que decía que era ilegal, y reparos de la intervención.
Las explicaciones del popular Manuel Vega, quien explicó que las deficiencias habían sido subsanadas aunque siguieran los reparos en el expediente, sólo convencieron al diputado de IU, Francisco Molina.
También se aprobó por unanimidad las ayudas de las que se beneficiarán 34 ayuntamientos para contratar durante seis meses a desempleados en riesgo de exclusión social con una subvención de 200.000 euros del servicio de Empleo de la Junta, el Ecyl. Todos los grupos coincidieron en la dificultad de reparto de la escasa partida y la oposición destacó el hecho de que se otorgue a personas que cobran ya la renta de ciudadanía, con lo cual cambiarán estos emolumentos por otros de similar cuantía (los contratos son de media jornada), aunque eso si, desaparecerán de las listas del paro, denunció la socialista Rosa Muñoz. El popular José María Barrios, consideró que este programa más que un plan de empleo es de inserción laboral y estimó que tendrá mayores efectos el que tiene preparado la Diputación, dotado con millón y medio de euros, 500.000 más que el año anterior.
El Pleno aprobó dos facturas atrasadas, una de 644.000 euros a Arcebansa por actualización de precios públicos y otra de 180.000 euros al Ayuntamiento por el IBI de los años 2007 a 2009 del Colegio del Tránsito. A partir de esa fecha está regularizado el IBI del recinto y ya se pasa a la Junta la parte que le toca por el Conservatorio, que ocupa cuatro mil de los 22.000 metros construidos de la parcela de 43.000 metros del Colegio del Tránsito.
Los inspectores de Hacienda piden un fondo reservado para poder pagar a confidentes
La organización IHE defiende una Agencia Tributaria única en red, compatible con un posible Estado federal
ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID
LUNES, 17 DE FEBRERO DEL 2014 - 17.19 H
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| Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, el pasado marzo. |
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria (AEAT), en la que incluyen algunos aspectos novedosos, como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones que permitan la afloración de fraude o la compra de datos tributarios.
Para ello, ello, según el presidente y el secretario general de IHE,Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, debería articularse una especie de fondo reservado, similar al que está a dipsoción del Ministerio de Interior.
Pérez Boga y Vázquez han participado este lunes en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en el que han presentado las líneas maestras que, a su juició, debería incluir el futuro estatuto de la AEAT en el que ya está trabajando el Ministerio de Hacienda. La organización IHE teme que el Gobierno retrase al 2016 la aplicación del citado estatuto.
Agencia única
La reforma más profunda que plantean es la creación de "una Agencia tributaria única en red", en la que se integraría la información de todas las administraciones tributarias del Estado, sin perjuicio de que las competencias se mantengan o incluso vayan a más. "Nuestro modelo puede servit tanto para un Estado unitario como federal, a través de un sistema de red, para que cada uno se integre ahí como a tarvés de una encomienda de gestión. No se va a integrar la adminsitración, ni entramos en una cuestión de reparto de competecias", precisó Pérez Boga.
La organización IHE reclama que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupcióncomo una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.
Lista de morosos
También defiende la publicación de la anunciada lista de morosos y defraudadores para contribuyentes que hayan recibido una sentencia firme por delito fiscal, acumulen sanciones administrativas por encima de 100.000 euros, o tengan pendiente de cobro deudas en vía ejecutiva por encima de 100.000 euros que no hayan sido aplazadas o suspendidas por la AEAT.
Reforma fiscal
La organización IHE ultima también un documento de propuestas de cara a la reforma fiscal que planea acometer el Gobierno. Pérez Boga ha anticipado las propuestas que apuntan a una rebaja del tipo máximo del IRPF, la limitación del régimen de módulos a los autónomos que solo se relacionan con el cliente final y la introducción de bonificaciones por determinados gastos (empleadas de hogar, gastos médicos y reformas domésticas) con el fin de estimular la afloración de economía sumergida.
Respecto al IVA, el presidente de IHE abogó por elevar la tributación de algunos bienes y servicios acogidos ahora a los tipos reducido o super-reducido del impuesto, si bien Pérez Boga subrayó que "ahora no es el momento" para hacerlo, dada la debilidad del consumo privado
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