David Salvador sostiene que el Juzgado ha evitado valorar las pruebas «más contundentes» contra el delegado de la Junta
25.02.2014 | 00:46 La Opinión de Zamora
A. SAAVEDRA Europarques Hispanolusos ha recurrido ante la Audiencia la desestimación de la denuncia que la empresa puso contra responsables de la Junta por la adjudicación de la explotación del barco en aguas del Lago de Sanabria. La empresa diferencia este auto de sobreseimiento con la posible contaminación del Lago, como lo relacionó el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván. Para Europarques es «un acto de confusión insólita a la opinión pública», pues ni la querella ni el auto mencionan dicha problemática de contaminación.
Según David Salvador, director de Europarques, el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora «evita valorar y ni siquiera menciona las pruebas más contundentes presentadas por Europarques Hispanolusos en su querella contra el delegado de la Junta, Alberto Castro, y tres subordinados».
La parte actora aporta el pliego de licitación oficial de septiembre de 2007 del Ayuntamiento de Galende de «Prestación del servicio de paseos por el Lago de Sanabria en buque no contaminante», donde aparece el nombre del concursante. La anulación de esta primera convocatoria se produjo al descubrirse en la apertura de plicas, según mantiene en su denuncia, «el amaño en presencia del único concursante presentado, la empresa Seacleaner Trawler S. A.».
En el pliego se especifica con todo detalle las características de un barco solar, y al final se recoge textualmente que «este barco está siendo construido en la actualidad por Seacleaner Trawler S.A. en Campos (Baleares), bajo el expediente de la Dirección General de la Marina Mercante». Argumenta David Salvador que «por puro error de "copia-pega" en la elaboración de la memoria, apareció el nombre del ganador, antes de la celebración del concurso».
Mantiene que existen pruebas documentales de que «la Junta tuvo constancia del "amasamiento" del pliego antes de la apertura de plicas, por su publicación oficial y por comunicaciones al respecto entre la Delegación de la Junta y la Dirección General del Medio Natural, en octubre de 2007».
Europarques no se presentó a esta primera licitación, ya que las condiciones impuestas «eran a medida de la única empresa que las cumplía». La convocatoria de 2007 se anuló. La segunda salió a concurso en abril de 2008, con un pliego de condiciones aprobado en pleno del Ayuntamiento de Galende y publicado en mayo. Hasta entonces la Junta no hizo alegación alguna a los pliegos, ni tampoco de tipo medioambiental. Para la empresa denunciante «hay constancia documental» y en la declaración testifical del alcalde de Galende, Jesús Villasante, de que la Delegación de la Junta intervino para establecer las condiciones del pliego.
Europarques presentó su oferta en mayo de 2008. Con la licitación publicada y presentadas las propuestas, la Junta «modificó» el condicionado del concurso. Este hecho para el denunciante «vulnera la legalidad vigente conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y lesiona los intereses de los concursantes». Estas actuaciones no fueron, como dice el auto, «meros informes o sugerencias», sino que estableció «claras imposiciones» al Ayuntamiento como el eliminar la ampliación del número de embarcaderos, el punto de instalación de la venta de tickets, etc.
Las modificaciones establecidas por el Servicio Territorial «excedieron» los aspectos medioambientales, como el precio de los billetes, la obligatoriedad de prestar servicios gratuitos por el adjudicatario o la limitación de salidas del catamarán. El Servicio de Medio Ambiente reconoció al segundo juez instructor, que la Junta redactó en junio de 2008 un informe relativo al pliego sobre la actividad del catamarán. Sin embargo, el auto desestimatorio del cuarto y último juez considera que «no queda acreditado la falsedad por alteración del documento». El director del Parque Natural del Lago de Sanabria, Jesús Palacios, contra el que se presentó la querella, declaró en su testifical que «tuvieron conocimiento del pliego por el B.O.P.», en contra de la versión de Villasante y que «hizo alegaciones a posteriori», una vez cerrado el plazo legal.
Para Salvador, «consiguieron alterar la memoria del pliego, una vez que Europarques había presentado una oferta económica». La Junta «tenía conocimiento de que el proyecto de Europarques era técnica y económicamente superior en licitación». Los técnicos de la Diputación de Zamora, «evaluaron el aspecto técnico que acabó con la adjudicación a Europarques en condiciones sustancialmente diferentes».
Por otro lado, la empresa Europarques diferencia entre la querella y la denuncia por vertidos en aguas del Lago. Y hace referencia a las «quejas de vecinos y bañistas», las actuaciones de oficio del Procurador del Común que «exigían a las administraciones competentes medidas para erradicar los problemas de depuración». Salvador sostiene que «a tenor de una situación de difícil solución para la Junta era imprescindible que el operador del catamarán fuera de absoluta confianza y manejable».
