·
· El proceso de
instrucción contra el Delegado Territorial en Zamora y tres responsables del
Servicio Provincial de Medio Ambiente ha evidenciado nuevas resoluciones
ratificadoras de los ilícitos denunciados, firmadas por el Director General del
Medio Natural y del Jefe de Espacios Naturales de Castilla y León.
· El Servicio Territorial
de la Junta en Zamora manipuló ilegalmente el pliego de prescripciones técnicas
tras su publicación en el B.O.P. y con las ofertas ya presentadas. La primera
convocatoria del concurso en 2007 quedó anulada por el descubrimiento durante
la apertura de plicas del amaño de adjudicación a Seacleaner Trawler S.A.
· Tras la adjudicación a EUROPARQUES
del concurso, ya con el pliego modificado ilegalmente, el Delegado en Zamora y
el Jefe de Espacios Naturales amenazaron al coordinador de la empresa exigiendo
su dependencia operativa y científica, sopena de “enfrentarse a la maquinaria
de la administración”.
· Después de la negativa
de EUROPARQUES, la Junta retrasó, restringió y perjudicó deliberadamente la
actividad del catamarán en numerosos actos administrativos con supuesta
falsedad documental y prevaricación, como la dilación injustificada durante dos
años para contestar a la CHD e informar positivamente sobre la navegación.
· La Junta ha pretendido
obligar a EUROPARQUES a construir infraestructuras de uso público fuera de las
exigencias del pliego del concurso, como una pasarela de madera con un coste
superior a 400.000 euros, a pesar de estar advertida por EUROPARQUES de lo
injusto de esa resolución, e incoando expedientes sancionadores falsos.
· El origen de este
‘rodillo’ administrativo ilícito se basa en que EUROPARQUES nunca ha sido un
operador “manejable” por la Junta y, por tanto, es “incómodo”, máxime en un
Lago con una polémica de opinión pública y política abierta desde 2000 sobre su
deficiente red de depuración, como evidencia un informe de la Junta ocultado
desde 2008.
· El auto del Juzgado de
instrucción de Zamora desestima provisionalmente la querella de EUROPARQUES tras
eludir la valoración de las principales pruebas documentales presentadas, sin
observar ni un solo “indicio en relación a estos delitos”. EUROPARQUES ha
recurrido en reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
Valladolid, a 28 de Febrero de 2014.
EUROPARQUES ampliará la imputación por los delitos de prevaricación a José
Ángel Arranz Sanz, Director General del Medio Natural, y Javier Ezquerra
Boticario, Jefe de Espacios Naturales de Castilla y León, en relación al
proceso de corrupción del concurso público de adjudicación del servicio del
catamarán del Lago de Sanabria, cuyo adjudicatario final es la propia EUROPARQUES.
Esta imputación se unirá a la denuncia abierta desde hace más de dos años
contra Alberto Castro, Delegado Territorial de la Junta en Zamora, José
Bermejo, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Francisco López
Méndez, exjefe de ese mismo servicio, y Jesús Palacios, jefe de Espacios
Naturales en Zamora, a los que se añade las imputaciones de tráfico de influencias,
falsedad documental y cohecho.
A través de un proceso de ‘rodillo’ administrativo
ilícito, la Junta en Zamora, y con conocimiento fehaciente por los altos cargos
mencionados del Gobierno regional, ha pretendido y sigue pretendiendo
inviabilizar a EUROPARQUES para someterla, y posteriormente eliminarla, como
adjudicatario del catamarán del Lago de Sanabria. ¿Cuál es la razón? La mayor
joya ecológica de Castilla y León es desde 2000 un escenario de alta
complejidad medioambiental y política, que afecta a subvenciones de millones de
euros de la UE, en riesgo debido a una negligente gestión medioambiental por su
deficiente red de depuración, tal como ha quedado demostrado por la revelación
oficiosa reciente de un informe de la propia Consejería de Medio Ambiente,
oculto desde 2008, cuya conclusión es demoledora: la red de saneamiento está
mal diseñada y en un estado de conservación lamentable.
Proceso
de licitación manipulado y restricciones a la actividad del operador
EUROPARQUES ganó
la licitación del catamarán del Lago de Sanabria en 2008, en su segunda
convocatoria. La primera, en 2007, tuvo que ser anulada cuando el nombre del
único concursante apareció en la apertura de plicas. El objetivo era situar a
un operador que no fuera “incómodo”, que no elevara la voz y que no investigara
sin control. EUROPARQUES no ha sido ni es un operador manejable, como han
pretendido la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y la Consejería de
Medio Ambiente. De hecho, cuando la Junta tuvo conocimiento de que EUROPARQUES
concursaba en 2008, y tras la presentación de su oferta ante el pliego ya
publicado en el B.O.P., la Delegación de Zamora marcó directrices al
Ayuntamiento de Galende para realizar una manipulación ilegal del pliego que
condicionara la supervivencia económica del proyecto.
Una vez se adjudicó a EUROPARQUES el concurso público, con una
concesión de 20 años, los querellados, especialmente Alberto Castro y Jesús
Palacios, no dudaron en amenazar con inviabilizar y boicotear el proyecto y con
enfrentar a EUROPARQUES “con la maquinaria administrativa”,
si no se doblegaba al control operativo y científico del mismo. Inmediatamente, EUROPARQUES advirtió por escrito a la
Vicepresidenta María Jesús Ruiz y al Viceconsejero de Medio Ambiente, José
Manuel Jiménez Blázquez, de tales amenazas.
Con la negativa de EUROPARQUES a
perder su independencia, la Junta retrasó durante casi dos años la contestación
a la solicitud de la CHD para informar positivamente la actividad de
navegación, limitando de facto la duración de la concesión. Para ello,
utilizaron informes técnicamente insostenibles e incluso contrarios al P.O.R.N.
para rechazar las documentaciones presentadas por EUROPARQUES respecto a la
actividad e inocuidad de la embarcación, en contra de certificados de
ingenieros navales y de la Dirección General de la Marina Mercante, que avaló
las condiciones cero-contaminantes de la embarcación eólico-solar más
innovadora del mundo en su género.
No solo eso. Limitaron, en contra del pliego y de la
resolución de la propia Dirección General, el acceso de la embarcación a la
zona de Bouzas dentro del Lago para realizar interpretación ambiental de aguas
sulfurosas, una zona abierta diariamente a otras embarcaciones. Como también
han restringido, injusta y deliberadamente, las zonas de navegación con mayor
atractivo del Lago, equivalentes al 50% de la superficie y al 100% de su
perímetro, perjudicando el atractivo del viaje y su viabilidad económica,
alegando razones medioambientales, cuando es notable el esfuerzo tecnológico
del barco (0 decibelios, 0 emisiones, 0 residuos y 0 efluentes), mientras no se
exigen esas restricciones-exigencias al resto de embarcaciones y otras
actividades turísticas.
Requerimiento de construcción de infraestructuras
públicas
En mayo de 2010, EUROPARQUES advirtió por escrito al Delegado de la Junta en Zamora
(también a la Consejera y al Viceconsejero) de un problema de seguridad vial en
relación al punto elegido por la Junta para instalar el embarcadero del
catamarán, a pesar de contarse con otros más seguros y con mejores
prestaciones. No obstante, la Junta se reafirmó reiteramente en ese punto de
localización y pretendió, y aún pretende, obligar a EUROPARQUES a resolver de
forma privada un problema preexistente de uso público.
La solución que indicó la Junta, y que aún sigue
tratando de forzar, es que EUROPARQUES encargue, no incluida en el concurso
público, una pasarela cuyo valor asciende a 400.000 euros, indicando qué tipo
de material (madera) y a quién se debía contratar la obra, Amatex, una empresa
maderera soriana cuyo propietario es hermano del Director Financiero de la
Fundación Patrimonio Natural, Rafael Gómez Arenas.
Por tanto, el Servicio Territorial de la Junta en
Zamora ha intentado y sigue tratando de extrangular económica y
administrativamente el proyecto de EUROPARQUES mediante una batería de
restricciones, procedimientos sancionadores y exigencias injustas para
coaccionar y someter su voluntad. Los cargos superiores en Valladolid, aun
siendo advertidos, han tolerado y ratificado administrativamente su proceder.
Dos querellas diferenciadas, aunque interconectadas
La querella por delitos de corrupción nada tiene que
ver con la negligente gestión medioambiental del Lago de Sanabria, aunque
mantienen un claro elemento de interconexión: la deficiente red de depuración
del parque natural y la política del silencio. Eso no implica que la
asimilación del sobreseimiento provisional del Juzgado de Zamora suponga la
inexistencia de un proceso contaminante del Lago, como afirmó el Consejero
Antonio Silván, en un acto de confusión insólita a la opinión pública en su
última comparecencia en Cortes al respecto. Ni querella ni auto mencionan
siquiera dicha problemática de contaminación.
Hay que recordar que en 2006 la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, adjudicó un
estudio exhaustivo sobre el estado de la red de depuración del Lago de
Sanabria, estudio oculto por la administración regional desde 2008 hasta hace
recientes semanas y con conclusiones demoledoras, ocultadas a la opinión
pública. Ya entonces, la depuración del Lago se encontraba en abierta polémica
tanto por el manifiesto descontento expresado por el Alcalde de Galende, desde
antes de la construcción de las depuradoras, y que en octubre de 2007 afirmó
públicamente que “la red de depuración del parque natural se hizo a gusto del
consejero y de los directores generales, pero en el Ayuntamiento siempre
estuvimos en contra de ese sistema de depuración”, como por las quejas de
vecinos y bañistas, que aparecían de forma reiterada a lo largo de los años en
distintos medios de comunicación, así como por la polémica política en Cortes
en 2006. Asimismo, las actuaciones de oficio del Procurador del Común de la
región exigían a las administraciones competentes medidas para erradicar los
problemas de depuración del Lago de Sanabria, ante la descoordinación
institucional en relación al incumplimiento reiterado de las obligaciones
adquiridas en el convenio de mantenimiento de las depuradoras entre Junta,
Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Galende .
En consecuencia, y a tenor de una situación de difícil
solución para la Junta (una muy deficiente red de depuración en la mayor joya
ecológica de la región) era imprescindible que el operador del catamarán fuera
de absoluta confianza y “manejable”.
Por lo anterior, EUROPARQUES se ratifica en sus
denuncias a los responsables en Zamora, ampliará la imputación a responsables
en Valladolid, ha recurrido en reforma ante el Juzgado de Instrucción de Zamora
y en apelación ante la Audiencia Provincial, sin descartar alcanzar la Fiscalía
Anticorrupción para el total esclarecimiento de los hechos delictivos.
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