Según indicaba Francisco Molina, "al principio, al oír hablar del tema me sentí escéptico y pensé en el clásico empresario privado que como no consigue lo que pide tiene una pataleta".
Posteriormente, una amistad del diputado "por la que pongo mi mano en el fuego, me alerta de que el problema es real y me presenta a Antonio Guillén Oterino, director del Proyecto Agua" y autor de los informes sobre la presunta contaminación de las aguas de Sanabria.
"Este señor -asegura Francisco Molina- no sólo tiene una solvencia técnica a prueba de dudas, si no que no está cobrando por los trabajos que hace en el Lago, por lo no se da eso de que de "quien paga manda", si no que está actuando por amistad con el propietario de la EBI".
Molina también considera que la empresa Europarques o la Estación Biológica Internacional sí son empresas privadas, pero viven del turismo en el Lago "luego no estamos ante alguien inconsciente que ha prendido fuego al monte, estamos ante alguien dependiente del buen estado del Lago".
Esa amistad, según asegura el diputado de IU, es por lo que desde la EBI contactaron con Guillén Oterino "a modo rutinario y sólo porque les llama la atención que a veces en las orillas hay espuma, pero nunca piensan que se van a encontrar un estado tan lamentable de las aguas".
Cuando la EBI descubre el mal estado de las aguas, "tienen la delicadeza de ir en secreto a la Junta a alertarles de lo que ocurría, para que de manera discreta se tomaran las medidas necesarias para solventar el problema sin que trascendiera una propaganda o publicidad negativa sobre esa zona tan turística", expuso Francisco Molina, ratificando así las declaraciones del propio Guillén Oterino a Zamora News.
"Sin embargo -recordaba IU- la conducta de la Junta es no actuar, y cuando trasciende la denuncia, negarla. La niega, además, apoyándose en informes de empresas o personas privadas, como el Instituto Limnológico, que sí cobra de la Junta y que no es otra cosa que un particular".
En este sentido, para Molina "tenemos que los contendientes son una administración gobernada por el PP y que no quiere invertir en el Lago contra unos particulares que no cobran por lo que dicen y uno de ellos vive del Lago".
En su exposición de los hechos, para el dputado "sí choca que una empresa privada que ha conseguido que le dejen usar como negocio un barco en el Lago de Sanabria y quien le deja, que es la Junta, estén a la greña".
Adjudicación del barco turístico
Por este motivo, IU supone que empresa y Junta "serán siempre cómplices y nunca enemigos", salvo "divorcio suicida" y argumento que el problema arranca en presuntas irregularidades a la hora de adjudicar el barco turístico.
Así, Izquierda Unida asegura que "la empresa enchufada de la Junta para usar el barco no era Europarques", pero ocurrió que "en la primera licitación para obtener el derecho a la explotación de un barco ecológico en el Lago, estaba todo tan amañado a favor de otra empresa que los funcionarios o personas cómplices del amaño, sin darse cuenta, pusieron el nombre de la empresa enchufada en el propio documento oficial o pliego de prescripciones".
Por este motivo, y "descubierto el asunto por una tercera empresa que litigó para obtener la concesión, el tema acabó en los Juzgados (donde está) y se tuvo que hacer otro pliego de condiciones más normal".
Para Izquierda Unida, "esto es un hecho clave para entender la cerrazón de la Junta, que tras ser descubierta en su corrupto estilo de juego, trató por todos los medios de que la empresa ganadora en la segunda convocatoria, Europarques, desistiera del proyecto, cambiando la ubicación del muelle del barco".
En este sentido, el diputado recordó que "para poder dar permiso a un barco navegando en aguas delicadas las administraciones ponen infinidad de pegas y condiciones. Una es la de que entre las misiones de la empresa concesionaria debe existir el compromiso de cuidar el medioambiente. En el caso que nos ocupa, y empezando ya en los Arribes, lo dicho dió pie a que la EBI fuera declarada por las autoridades de Portugal y España como capacitada y obligada, a realizar estudios medio ambientales de carácter oficial".
Dado ese carácter oficial, para IU "en esta guerra la Junta contrapone a lo que ella llama organismos oficiales (Confederación Hidrográfica del Duero e Instituto Limnológico) contra unos particulares con intereses privados, y no es así", a la vez que argumentan que "los estudios de Proyecto Agua de Guillén Oterino no contradicen los de los otros organismos".
En palabras de Francisco Molina, "ocurre que quienes denuncian científicamente que la aguas del Lago se están degradando y ya han traspasado umbrales preocupantes, simplemente hacen una interpretación más profunda de los datos propios y de los datos de los otros organismo. Además Europarques y Proyecto Agua proponen la solución, por lo demás sencilla: arréglese el asunto de las aguas que vierten al Lago, mientras que la CHD calla ante su posible negligencia en la interpretación de datos, y el Instituto Limnológico es cogido al traspiés y niega lo que él debió descubrir".
A este respecto, IU asegura que "la contaminación que tiene el Lago según los microscopios resulta que se ve a simple vista: una micro alga verdosa se está expandiendo y ocupando cada vez más espacio. Por eso muchas personas que no toman partido sí dicen que de lo que no cabe duda es que las aguas del lago cada vez están más sucias y verduscas".
"Cuando ese organismo no deje llegar el sol al fondo del Lago -argumenta Molina-, la variedad de microorganismos, que aún hoy puede permanecer alta, bajará estrepitosamente por no encontrar las condiciones de supervivencia que necesitan".
Depuradoras
Aunque para IU, aunque en el tema del agua del Lago las competencias son fundamentalmente de la Junta, las competencias sobre la "raíz del mal", es decir, de las aguas que vierten al Lago sin ser depuradas "están claras: son del Ayuntamiento de Galende en cuyo municipio está el Lago".
Aludiendo a la Ley Montoro de la Administración Local, IU señala que por defecto "son competencia de la Diputación, que debe cubrir las espaldas a los Ayuntamientos que no sean capaces por sus propios medios de dar el servicio competencial del que se hable".
Según expuso el diputado, "en el convenio firmado por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Galende en el año 2001 se manifiesta claramente que la puesta en marcha de las depuradoras, construidas con dinero de Europa, y su mantenimiento es competencia del Ayuntamiento, pero como no puede pagar ese mantenimiento Galende, la Junta le dará 86.000 euros al año y la Diputación 26.000 euros, mientras que el Ayuntamiento habrá de poner otros 26.000 euros".
Aunque el Convenio entre las tres instituciones dice que se prorrogará tácitamente, IU ha pedido otro convenio (moción) y una ayuda directa (dos millones) de la Diputación (otra moción) como responsable última esta de lo que no haga el Ayuntamiento de Galende.
"Estén mejor o peor las aguas del Lago -indica Francisco Molina- lo que es evidente es que las depuradoras están mal y la culpa es de las tres administraciones: la autonómica, la local y la provincial". Así, recuerda que en el convenio, además de dinero, se ofrecían al Ayuntamiento medios humanos para hacer el seguimiento de las depuradoras tanto por parte de la Junta (Medio Ambiente) y la Diputación.
Para IU las depuradoras deben arreglarse porque "es un deber de la ciudadanía denunciar a las administraciones cuando no cuidan lo público, y no vale la disculpa de estás diciendo que airear lo que está mal es publicidad negativa. Afortunadamente aún estamos a tiempo de aplicar la solución a los problemas del Lago: arreglar las depuradoras y obligar a que todas las aguas residuales que vierten al Lago lleguen depuradas".
Responsabilidades
Finalmente, para IU "lo más periodístico de lo contad es que la empresa enchufada viera cómo toda la trampa hecha en su favor se viniera abajo porque en el documento oficial de la licitación para poder usar un barco en el lago de Sanabria, a alguien se le fuera el "corta y pega" de las manos y se la pegó poniendo el nombre de la empresa enchufada a la vista de todos en el papel oficial".
Ante esto, IU se pregunta si el presidente de la Junta conocía el asunto, "aunque la competencia era del Ayuntamiento de Galende, pero se metió la Junta por en medio ante la incapacidad de el ente local para solventar la licitación en todos sus extremos", así como si de no estar ni el presidente Herrera ni el del Partido Popular involucrados, "por qué no han rodado cabezas".
La iglesia de San Juan Bautista reunió, como se esperaba, a una treintena de personas en la misa de recuerdo de las 144 víctimas de la catástrofe. El único acto que se ha mantenido inamovible en este medio siglo largo. El párroco, José Antonio Lafuente, recordó los momentos «difíciles y duros» de ese día, «que estremece solo de pensarlo». La única cosa segura en Ribadelago es esa sencilla y recogida presencia del pequeño grupo de vecinos que reza, como hace 55 años, por el alma y la memoria de sus desaparecidos.
