miércoles, 29 de enero de 2014

El Lago de Sanabria en manos probadamente irresponsables

29.01.2014 | 00:29 La Opinión de Zamora
 
El Lago de Sanabria en manos probadamente irresponsables

El Lago de Sanabria en manos probadamente irresponsables 

A la Junta de Castilla y León le compete la administración y gestión del Lago de Sanabria, desde el principio básico de la conservación y salvaguarda de los elementos naturales del espacio, de forma compatible con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.

Esta semana se ha probado inequívocamente que al menos desde 2007 han sido negligentes e irresponsables con lo uno y con lo otro: ni conservación equilibrada de los recursos naturales, ni salvaguarda de la actividad humana futura, poniendo en grave riesgo de contaminación irreversible al Lago de Sanabria, tal como la Estación Biológica Internacional Douro-Duero (EBI) viene denunciando desde hace años y más concretamente ante la Junta (desde el año 2011) y ante el MAGRAMA y Diputación de Zamora, como principales administraciones responsables. En última instancia, frente a la prolongada inacción de la Junta de Castilla y León y tras recibir todo tipo de presiones y coacciones, la EBI ha decidido trasladar su denuncia a los Juzgados en defensa de un bien común, como es el Lago de Sanabria, exigiendo además la preceptiva responsabilidad económica por valor de 20 millones de euros con carácter indemnizatorio hacia las poblaciones locales y turismo afectados, por daños estimados al medio natural y en orden a su inmediata recuperación.

La prueba inequívoca de negligencia punible se encuentra en las conclusiones de un concienzudo y devastador informe técnico realizado entre 2006 y 2008 por las consultora Euroestudios, licitado por la Junta y desconocido hasta hace escasos días debido a su ocultación por parte del Gobierno regional, a pesar de su compromiso en sede parlamentaria en 2007 de información y remisión a partidos políticos y al Procurador del Común. El informe evidencia la ruina total de la red de depuración del parque natural, tanto en su ineficiente diseño inicial, como en su calamitoso estado de conservación, y la necesidad de inversión de al menos 1,5 millones de euros para solventar los desperfectos del actual sistema, con el agravante de que la tipología de depuradoras no son las que requiere este espacio. Con semejante prueba, cualesquiera explicaciones o estudios complementarios, resultan cínicos y ridículos, incluido el anunciado por el delegado territorial de la Junta o el que busca en la cuenca hidrográfica otras posibles fuentes de contaminación que justifiquen la presencia en el Lago de los nutrientes contaminantes (fósforo y nitrógeno) reconocidos por la propia CHD. A la vista de dicho informe, resulta también probado que dichos nutrientes contaminantes de carácter humano (residuos fecales), han dado alimento a un alga microscópica invasora que ha colonizado el 99% de la masa de agua, provocando la desaparición del 90% de la biodiversidad del ecosistema lacustre. Lamentablemente, esta microalga sigue propagándose a fecha actual, debido a que los vertidos sin depuración, de los que obtiene su principal fuente de sustento, vuelcan sobre las aguas del Lago miles de litros de fecales cada día en esta época y millones en verano.

El hallazgo y su alerta medioambiental eran de esperar que vinieran de los laboratorios que trabajan para Junta y CHD (Río Tera SL entre otros), entes privados como la EBI, pero que, al contrario que esta, no realizan sus investigaciones por interés en el ecosistema o responsabilidad social, sino a través de desproporcionados contratos económicos. Sin embargo, a pesar de los 44.000 análisis realizados solo por la Junta, según el consejero Silván en los últimos 27 años, han sido incapaces de detectar técnicamente dichos vertidos y sus consecuencias (aunque es de sospechar que por razones también de índole política o económica). Concedámosles la posibilidad improbable de errar de forma reiterada año tras año, análisis tras análisis o creamos que realizan un buen trabajo para quien les paga. A esta Estación Biológica privada -eso sí, con uno de los navíos científicos técnicamente más avanzados e innovadores del mundo- le ha bastado con investigar desde el entusiasmo, la independencia y la honestidad, para hallar un resultado contundente, empleando el máximo rigor de verificación y en contraste con más de veinte catedráticos y doctores en biología de varios países: el Lago sufre un proceso de contaminación y eutrofización que, aun no siendo irreversible, puede acabar con el futuro de la denominada «joya de corona» medioambiental y turística de Castilla y León, si no se adoptan urgentemente las medidas realmente necesarias.

La aparición del informe sobre el estado de depuración, junto a la presión desde hace años de vecinos, periodistas, diversas organizaciones, algunos partidos políticos, y en última instancia, también desde el ámbito científico de la EBI, finalmente ha obligado a la Junta a asumir exactamente lo que en 2008 negaron al Ayuntamiento de Galende: Y es que el delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro ha anunciado el pasado jueves que su Administración se responsabilizará desde esta misma semana de la red de depuración y que van a evaluar el estado de las infraestructuras de saneamiento que ponen en peligro al Lago. ¿Son solo responsables desde este momento? ¿No tenían obligación de preservar el buen estado del ecosistema hasta la fecha? Si no eran responsables hasta ahora, ¿por qué encargaron en 2006 y escondieron desde 2008 un informe de consultoría medioambiental, que ha costado varios de cientos de miles de euros al erario público? ¿La Junta dispendia cantidades suntuarias de dinero público en estudios que no le corresponden? Si la calidad del agua y sistemas de depuración estaba plenamente garantizada, tal y como declaró falsamente el consejero Silván el 25N en las cortes, ¿para que gastar dinero en repararlas? Sí, efectivamente hay respuestas, pero interesa evitarlas y probablemente incluso hacerlas, sobre todo a algunos que supuestamente nos representan, con intereses ajenos al bien público general.

El consejero Antonio Silván habló en su comparecencia en las Cortes regionales de noviembre pasado, en una intervención de infinita demagogia, de «desprecio hacia las denuncias irresponsables e infundadas» de la Estación Biológica Internacional, tratando de echar a la sociedad sanabresa, zamorana y castellano-leonesa contra un ente privado, que no solo estaba en lo cierto, sino también facultado legalmente para su investigación, como ratificó el presidente Herrera en 2006 y como establece el contrato del navío científico en el Lago, que alguien pretendía adjudicar a una empresa de su aquiescencia. Esas denuncias, declaró el consejero, «despreciaban la actuación de habitantes, actividades y administraciones, de quienes dedican enormes esfuerzos y recursos a mantener unas infraestructuras de depuración que contribuyen a garantizar la calidad del lago». La manipulación es indiscutible: Silván ocultó entonces con alevosía lo que ahora Castro reconoce con cinismo: «sabíamos del estado de las depuradoras» y, por eso, «hemos planteado en los últimos años soluciones a Galende y a Diputación para intentar suscribir convenios de mantenimiento». Es decir, que aun investigando, aun ocultando información clave costeada con dinero público, omitiendo cualquier actuación a pesar del aplastante informe de 2008, aun teniendo las competencias de conservación del parque natural, omitieron su deber, porque los responsables no eran ellos, sino la Diputación (que tampoco se duda) y en último caso el Ayuntamiento por negarse a aceptar la ayuda supuestamente ofrecida. Lo que sí ha tratado la Junta, contra viento y marea, es esconder tanto el fallido sistema de depuración construido por ellos mismos con 6 millones de euros de la UE, como su omisión ante el deber de conservar el Lago, negando la denuncia de la EBI y coaccionándola para que cesara en su investigación, atacando su prestigio y su legitimidad. Para alcanzar el fin no se han escatimado medios: el insulto, la mentira y el menosprecio como forma de actuación de quienes deberían haber apoyado tanto la denuncia, como la investigación.
El ejercicio de cinismo político, de negligencia en la gestión, de falta de transparencia -que reclama ahora como propia el presidente Martínez Maíllo ante el Senado, llenándosele la boca de grandes valores, mientras por otro lado ataca a quienes cumplen con su obligación fundacional y contractual de investigación científica-, de tergiversación de esta administración regional, provincial y local, no tiene límites.

Por último, resulta inevitable cuestionarse la fiabilidad para resolver el problema, de quienes han resultado ser sus principales y máximos responsables, engañando además a toda la sociedad. De mantenerse vergonzosamente en sus cargos, nadie podrá garantizarnos que este nuevo reconocimiento parcial de los principales implicados (asunción de responsabilidad y evaluación de infraestructuras), no se quedará otra vez en actuaciones «parche» que en ningún caso lograrán evitar que continúen los problemas principales de la red de depuración, afectada por «un inadecuado sistema de gestión, una red única donde las residuales se mezclan con las aguas pluviales, la falta de un mantenimiento riguroso, instalaciones sin By-pass que tratan caudales muy superiores a los de diseño, incorrecta preparación de las instalaciones en los meses previos al verano, problemas de atasco en los colectores y en la red de saneamiento urbana, fangos acumulados durante años que flotan y salen en el efluente de salida de la EDAR de campings,?» y así un largo etcétera de conclusiones que dan colofón a uno de los mayores atentados medioambientales de la España contemporánea, contra una de las más importantes joyas ecológicas del país. 
 (*) Coordinador de la Estación Biológica Internacional Douro-Duero

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