Los alcaldes deberán subir los precios de los servicios hasta cubrir su coste real

La reforma local obliga a los ayuntamientos a actualizar las tasas cuando sean deficitarias l El PP afirma que «esta ley pone coherencia y garantía»

14.01.2014 | 00:50

Martínez Maíllo dirige el comité de Política Local celebrado ayer en la sede del PP en Zamora. Foto Emilio Fraile

JOSÉ MARÍA SADIA La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local obligará a los ayuntamientos a repercutir el coste real de los servicios que prestan en los ciudadanos. De esta forma, la entrada en vigor de la norma obligará a los alcaldes a actualizar los precios allí donde no se cubran lo que le cuestan al municipio. Este es uno de los efectos más inmediatos de la llamada «ley Montoro», valorada de nuevo ayer por los alcaldes del Partido Popular en el consejo de Política Local. El documento «pone coherencia y garantiza la prestación de los servicios», resumió Manuela Crespo, vicesecretaria de Política Local y presidenta del Consejo de Alcaldes de Zamora.

Junto a Crespo, el alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, mostró algunas claves para entender por donde caminará la aplicación de la reforma. El regidor -el encuentro de ayer reunía a los alcaldes de pueblos de más de mil habitantes- apuntó que la normativa permitirá al ciudadano conocer «cuanto cuestan los servicios en su mancomunidad» y «compararlos» con las organizaciones vecinas. Esto ayudará a eliminar los precios «desproporcionados» entre unas zonas mancomunadas y otras dado que los municipios tendrán que aplicar el «coste real» de los servicios. De esta forma, los ayuntamientos estarán obligados a subir los precios cuando no se cubra el citado coste.

Tal y como recordaron los responsables del Partido Popular, los alcaldes tendrán que hacer público lo que cuesta cada servicio antes del próximo uno de noviembre. «El ayuntamiento podrá ceder los servicios de manera voluntaria cuando el coste efectivo esté por encima del que pueda ofrecer la Diputación», explicó Manuela Crespo. La responsable del Consejo de Alcaldes reiteró los argumentos de los populares a favor de la llamada «ley Montoro». Clarifica competencias, racionaliza estructuras, permite realizar un control de los presupuestos y añade transparencia a la gestión, enumeró. Asimismo, Crespo insistió en que la entrada en vigor del documento -el pasado uno de enero- «no reduce la autonomía local como se ha dicho y los servicios no peligran».

Por otro lado, la presidenta del Consejo de Alcaldes expresó su deseo de que la próxima ley de financiación autonómica «cierre el círculo» de la reforma local para ayudar a los ayuntamientos a sacar adelante funciones relativas al ámbito educativo y los servicios sociales, pero, ante todo, en el área de la educación, donde radica el mantenimiento de los colegios rurales.