España: Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ¿sentencia para la vida en los pueblos?. El ejemplo: Sanabria

El Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Montoro, actualmente en el Senado, después de un año y medio de borradores confeccionados sin el diálogo y consenso previo con las Administraciones afectadas, tendrá un efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales, y en especial dentro de nuestra comarca de Sanabria y La Carballeda.

Y es que el desarrollo social y económico que tienen reservado para nuestras comarcas, es la emigración laboral, el deterioro ambiental y la desertización demográfica. Pueblos cuanto más vulnerables mejor, dominados muchos de ellos por alcaldes corruptos, que se mantienen indefinidamente en el poder local amañando votos, o hinchando ilícitamente los censos electorales.

El horizonte de impunidad en nuestra comarca resulta de una magnitud impensable. No de otra manera puede explicarse la Reserva de Caza de la Sierra de la Culebra a la que se le dotó en el último año 2012 con 1.200.000 €, mientras se recorta la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales dentro de la misma. El centro de Salud de Puebla de Sanabria  funciona con el personal de enfermería bajo mínimos.

Le queda muy poco al poder político para convertir nuestro territorio en una extensa reserva de caza video vigilada por cámaras y exenta de población. El escenario de desarrollo rural que tienen diseñado para nuestros pueblos es la emigración, el éxodo. Retiran trenes regionales, como el Puebla-Ourense, y continúa en la indecisión el Puebla-Zamora-Valladolid. De esta forma es más que probable que la comarca de Sanabria y La Carballeda pase de 8 trenes diarios a ninguno a partir de 2015.

Nuestra emigración forzosa les ha resultado rentable. Los pueblos escasos de población constituyen el mejor terreno para que la clase política caciquil se perpetúe en el poder local. Toda esta crisis rural ahora se agudiza con la Ley Montoro o Ley  de  racionalización y sostenibilidad  de la Administración Local que fomenta el expolio y expropiación encubierta del patrimonio de los Ayuntamientos, las Entidades Locales Menores, los Concejos Abiertos y Juntas Vecinales, verdaderos ejemplos de democracia real, los montes públicos, los bienes comunales, forestales, aguas, sus  potencialidades cinegéticas, micológicas y madereras serán  administrados por las Diputaciones  Provinciales a través de Consorcios de Gestión que ya se están articulando en los entornos de las Grandes Empresas constructoras  y de servicios  en busca exclusivamente del beneficio económico. Son 4 millones de Has rurales a nivel nacional por las que  el Gobierno calcula recaudar 21.000 millones de Euros. Asimismo se estima que esta ley traerá consigo 200.000 empleos menos  en el conjunto de España rural.

Por todo ello, porque se lo debemos a nuestros antepasados, a la sociedad, a la naturaleza, y por nuestros propios valores morales; la sociedad civil organizada debe luchar contra este autoritarismo epidémico que nos oprime.  Así, defendemos las competencias establecidas en los respectivos  Estatutos de Autonomías refrendadas en la Constitución Española  y en la Carta Europea de la Autonomía Local. Consideramos también que se debe garantizar la  continuidad  de las Entidades Locales Menores y su patrimonio, así como el resto de  figuras  históricas, Concejos Abiertos, Juntas  Vecinales, y las Mancomunidades voluntarias de servicios, que garantizan la participación de la sociedad mediante democracia directa.

Es urgente redefinir  el papel de las Diputaciones Provinciales, modificar el sistema de elección de sus representantes y  una vez se obtenga el imprescindible acuerdo  entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas  que  eviten espectáculos como el que sostienen la Junta de Castilla y León  y el Gobierno Central en esta materia. De no lograr ese acuerdo, solicitamos la eliminación de  las Diputaciones Provinciales y el traspaso de las transferencias patrimoniales y competenciales a las comarcas y/o municipios, y estos a las Entidades Locales Menores cuando fueran reclamadas.

Además, ahora más que nunca es prioridad la defensa del Mundo Rural exigiendo la puesta en marcha, con las actualizaciones necesarias, del Plan de Desarrollo Rural de la provincia de Zamora, realizado por los Agentes de Desarrollo Rural en el año 1987 y enterrado en los cajones del Presidente de la Diputación provincial, así como el Programa de  Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, cercenado  por la Consejería de Agricultura de la Junta, bajo el pretexto de que es el Ministerio de Agricultura el que no paga. El Mundo Rural es un yacimiento de empleo y recursos naturales de los que no puede prescindir la sociedad, que ahora apela  al sector agroalimentario como una salida de la  crisis económica, sin  que se  acompañe de una política activa para dignificar la vida rural. De no acometerse el desequilibrio campo-ciudad seguirá creciendo, mientras los expertos y los ciudadanos que retornan al mundo rural  reclaman justamente lo contrario.

Defendemos, en conclusión, una respuesta de rebeldía democrática frente al desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales. Una respuesta que provenga de todos los frentes.